Formando en competencias éticas a los servidores públicos

Abstract

Los efectos de la corrupción son múltiples (O. Diego, 2007; Kliksberg, 2005). En lo político conduce a una devaluación del Estado, a la pérdida de credibilidad y legitimidad, a la ineficiencia de los servicios públicos y refuerza el clientelismo. Genera pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones, lo que conduce a fomentar aún más las actitudes corruptas. En lo social incrementa las desigualdades, fomentando circuitos de asignación de recursos no reglados y minimizando el impacto que las instituciones tienen en sus políticas de equidad social, perjudicando además los niveles de bienestar social. En lo cultural daña la educación ciudadana, el grado de civismo que es bueno encontrar en una sociedad que permita el adecuado desarrollo de sus ciudadanos. Son también notorios los efectos que tiene la corrupción sobre la economía. No sólo distorsiona los presupuestos públicos y despilfarra recursos, sino que inhibe el desarrollo económico y genera efectos adversos sobre el comercio, la inflación y las inversiones. La corrupción reduce incentivos para invertir, pues constituye una suerte de “impuesto oculto” (Reos, en Kliksberg, 2005: 262). Muchos estudios muestran que mejorar las condiciones éticas aumenta el PIB per cápita, así como aumenta la inversión extranjera en el país. La corrupción parece incidir aún más que los impuestos en las decisiones de inversión (Reos, en Kliksberg 2005: 263). En general, si nos acercamos a cualquier base estadística podremos apreciar que los países menos corruptos son los que ocupan mejores posiciones en los índices de desarrollo humano, así como en otros indicadores de desarrollo económico. Por eso se apuesta desde hace tiempo por incorporar la ética como objetivo de desarrollo (el modelo OCDE de las tres E: economía, eficacia, eficiencia y ética).