Child grooming: Nueva modalidad virtual de acoso sexual infantil. Alcances y penalidades desde el código penal argentino.

Abstract

A lo largo de este Trabajo Final de Graduación, se ha planteado como problema: que si bien, el delito de Child Grooming ha sido incorporado recientemente en la legislación argentina -a través de la Ley 26.904 de 2013-, se hace necesario considerar los alcances del Artículo 131 del Código Penal, y las penas establecidas sobre esta nueva modalidad de acoso infantil cuando debe primar el derecho superior del niño. En la relación entre el uso de Internet y los delitos, se materializa el objeto de estudio de esta investigación; esto es, el Child Grooming, caracterizado por un conjunto de conductas y acciones -progresivas, sistemáticas y constantes en el tiempo, generando consecuencias más graves- deliberadamente realizadas por un adulto con el fin de ganarse la amistad del menor de edad, teniendo como resultado una conexión emocional y así concretar el abuso sexual. El Child Grooming es una figura que ha desconcertado a la sociedad y al Derecho, debido al uso que se le ha dado a las nuevas tecnologías para violar la intimidad del menor, siendo un medio eficiente y eficaz para posibilitar la injerencia en su vida sexual en desarrollo. No obstante, con la Ley 26.904 –promulgada el 4 de diciembre de 2013- se incorpora al Código Penal, el Artículo 131 que tipifica y penaliza los abusos cometidos en esta figura. Este Artículo tiene su punto de partida en el proyecto presentado por la senadora María José Bongiorno, a partir de un caso sucedido en Cipoletti, Río Negro, en el año 2009. Los cambios legislativos que se vienen produciendo en el mundo y en la República Argentina en las últimas décadas, son significativos, pero se sabe que la elaboración y promulgación de leyes no es suficiente para garantizar que los niños, niñas y adolescentes estén completamente protegidos frente a los abusos. Por esto, se hace necesario trascender hacia métodos integrales como factores de motivación, para que, todos los Estados prioricen a la protección infantil, promoviendo leyes que favorezcan una implementación eficaz y duradera.