El poder de policía estatal y los derechos y garantías individuales frente a su ejercicio en el ordenamiento jurídico argentino

Abstract

El presente trabajo tiene por objeto analizar los presupuestos y el marco de actuación del poder de policía estatal, como asimismo la incidencia que su ejercicio implica en los derechos y garantías individuales. Ello a los fines de precisar su verdadero alcance, y destacar las limitaciones que impone su ejercicio para no menoscabar la naturaleza de los derechos que se pretende reglamentar. El poder de policía ha sido objeto de constantes debates en nuestro ordenamiento jurídico, en razón de que su alcance es discutido y hasta considerado difuso, al entenderse que en muchos casos se confunde con el resto de la actividad estatal. La ampliación del criterio en cuanto a los fines que habilitan su ejercicio, ha generado que su margen de actuación no sea claramente circunscripto para prevenir un uso discrecional y excesivo por parte del Estado, dando lugar a que su implementación sea cuestionada en determinadas circunstancias por vulnerar los derechos y garantías individuales. En este sentido, el trabajo pretende aportar claridad en las zonas controvertidas de este instituto, identificando los principios rectores que demarcan su ámbito de actuación dada la importancia que reviste para la consecución de los fines del Estado. La temática abordada fue desarrollada en base a un análisis pormenorizado de lo previsto en nuestra Constitución Nacional, en las fuentes internacionales con jerarquía constitucional, en la doctrina preponderante, como en la jurisprudencia más trascendente del Máximo Tribunal de nuestro país. Examinada la noción del poder de policía desde diversos enfoques como sus principios fundamentales, puede afirmarse que razonablemente ejercido y con una interpretación ajustada a los preceptos constitucionales que lo identifican, en resguardo de los derechos y garantías individuales que nuestra Carta Magna reconoce, constituiría un gran avance y evolución en su implementación, contribuyendo a fortalecer los postulados propios de un Estado de Derecho.