Abstract
Existe una relación íntima entre el Estado de Derecho, la garantía constitucional del derecho a la propiedad privada y las sanciones pecuniarias como institución. El abuso de la potestad punitiva puede demoler el Estado de Derecho y lesionar el derecho a la propiedad privada, empujándonos claramente a sistemas propios del colectivismo.
Debemos procurar que las normas que sancionen las provincias no vulneren los derechos fundamentales establecidos por la Carta Magna, en vista al respeto por las instituciones y una sociedad más justa.