Abstract
El presente trabajo intenta demostrar que la normativa sobre el régimen penal de estupefacientes actualmente vigente (ley 23.737) – específicamente el segundo párrafo del Art. 14, referente a la tenencia de estupefacientes para consumo personal - no cumple con los derechos y garantías que consagra la Constitución Nacional, por ser violatorio del Principio de Reserva consagrado en el Art. 19 de nuestra Carta Magna. Se han presentado diferentes posturas y fallos en torno a la problemática a lo largo de todos estos años. Aquí se hará un análisis de cada una de ellas, pero en especial se hará hincapié en aquella que propugna por un nuevo régimen penal de estupefacientes que se adecue a los parámetros constitucionales. Se sostendrá que las posiciones doctrinales que defienden su adecuación, manteniendo el mismo régimen penal, carecen de buenas razones para una defensa como esta.