El juicio por jurados argentinos. Los riesgos de poner al pueblo en el rol de juez

Abstract

Si bien, ha transcurrido más de un siglo y medio desde que el instituto del juicio por jurados tuvo su lugar en nuestra Constitución Nacional, es recién en el último tiempo que la cuestión de su posible implementación en la justicia penal argentina comenzó a resurgir, y esto, se debe en gran medida, a que el pueblo nacional ha perdido en la actualidad toda su confianza frente a la forma tradicional de administrar justicia en nuestro país. Apareciendo entonces el juicio por jurados, en la creencia de algunos, como una alternativa popular a la justicia técnica. Por un lado, porque así lo quisieron los constituyentes de 1853 y parte de la sociedad entiende que hay que cumplir indefectiblemente con el referido mandato, y por el otro, porque es un instituto que se basa en la participación ciudadana, por lo que se cree, colaboraría con la democratización de la justicia y como consecuencia, la misma comenzaría a ser más justa y transparente. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla como se piensa, por el contrario, las opiniones de los doctrinarios, jueces y legisladores de la actualidad se presentan muy contradictorias frente al instituto en cuestión. Al efecto, hay dos posiciones bien encontradas: la que sostiene que con el juicio por jurados se solucionarían todos los problemas oscuros de la justicia argentina, haciéndola más democrática; y la que por el contrario, cree que se trata de un instituto totalmente nocivo para nuestro derecho fundamental. Entre los que se aferran a la primera posición, encontramos a los gobernantes de algunas provincias argentinas que, ante la inacción del legislador nacional, han sancionado sus propias leyes sobre juicio por jurados, instaurando el instituto en su sistema judicial, y dando origen a la interminable discusión acerca de la posible inconstitucionalidad de las mismas. Asimismo se han presentado varios proyectos a la nación de una posible ley, pero lo cierto es que, al día de hoy, la ley nacional de juicios por jurados aun no ha sido sancionada, por no ser posible lograr un consenso en cuanto a la efectividad del instituto en un país como el nuestro.