La Autoridad de Aplicación en los Regímenes Promocionales Previstos por la Ley 22.021. AFIP-DGI atribución de facultades y competencia reglada. Probable conflicto entre Nación y Provincias promovidas.

Abstract

El desarrollo socio-económico del territorio argentino es muy desigual. Esto es un problema histórico que viene desde los orígenes mismos de nuestro país. En un comienzo la economía giró alrededor del Río de la Plata, resultando el mayor polo productivo y de concentración de población de la Argentina. Es por ello que el Estado debía intervenir económicamente en la sociedad, intentando revertir esa situación, generando políticas públicas activas que tendieran a una integración económica del país. Es así que a lo largo de la historia argentina podemos observar un abanico de leyes que promocionaron y promocionan la radicación de industrias en lo sectorial y regional, concediendo beneficios impositivos para atraer capitales y permitir su desarrollo. El régimen de promoción industrial regional que benefició a las provincias de San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja, instituido por la Ley N° 22.021 y modificatorias, fue altamente cuestionado por el resto de las provincias e incluso por la Nación misma, por el aprovechamiento inadecuado que hicieron algunos empresarios inescrupulosos de esta herramienta de desarrollo. Pero también es cierto que se radicaron empresas serias, que generaron importantes puestos de trabajo genuino, contribuyendo significativamente al Producto Bruto Geográfico de esta región, a pesar que el Estado Nacional fue cambiando las reglas de juego, modificando, interpretando el régimen promocional en forma irrazonable y arbitraria. Este accionar del Estado, más allá de la inseguridad jurídica que sembró en la región, ha generado importantes pérdidas a estas empresas ante el desconocimiento de derechos adquiridos, lo que generó y genera aún demandas millonarias contra el Estado Nacional. El presente trabajo de investigación busca analizar la actuación del Estado, la legalidad de dichas acciones y las consecuencias judiciales, las que impactarán de lleno en el Presupuesto Nacional, que es el presupuesto de todos los argentinos.