El delito de desobediencia a la autoridad y la violencia familiar

Abstract

El Código Penal de la Nación Argentina establece como conducta típica la de aquella persona que desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, vulnerando el bien jurídico protegido por el art. 239 del C.P., que es el normal desenvolvimiento de la administración pública, tipificando el delito como desobediencia a la autoridad. En base a ello, este trabajo tiene la finalidad de proporcionar un análisis objetivo de dicha figura en situaciones de violencia familiar, teniendo como antecedente una medida cautelar impuesta por un juez con competencia en la materia, a fin de determinar si frente al no acatamiento de la orden de exclusión de hogar y/o restricción de acercamiento y comunicación, la persona estaría incurriendo en el delito mencionado supra, o si por el contrario, dicha conducta resultaría atípica, esto desde el punto de vista doctrinario, y evaluando la jurisprudencia al respecto. El problema se ha planteado en virtud de la reiteración de incumplimientos a las medidas cautelares, configurando el delito de desobediencia a la autoridad, y la imposición por parte del Ministerio Publico Fiscal de la prisión preventiva a los autores aprehendidos en flagrancia, más allá de la baja escala penal prevista para este delito, bajo el argumento de la peligrosidad para los fines del proceso. Para establecer la cuestión será necesario destacar la importancia de los hechos de violencia familiar, indagando en la praxis judicial y analizando las leyes y convenciones internacionales que protegen contra este flagelo social, en tanto facultan a los jueces a disponer medidas preventivas con el objeto de lograr el cese inmediato de la situación de violencia en resguardo de las víctimas, como así también lo dispuesto en relación a las instrucciones especiales del art. 30 de la Ley N° 9283, en cuanto a su finalidad y eficacia. A estos efectos, habrá que resaltar la potestad punitiva del Estado frente a estos hechos y los compromisos internacionales asumidos por éste al haberse adherido a distintos tratados sobre derechos humanos, por lo que resulta ser el principal garante de los derechos de las víctimas como de los imputados por estos delitos.