Proyecto de aplicación: Creación del sector cobranzas en el Instituto Provincial de la Vivienda de Córdoba

Abstract

El presente trabajo reviste la modalidad de un proyecto de aplicación, por lo que en él se encuentra una propuesta de acción dirigida particularmente a la organización que motivó la realización de este trabajo. Si bien se lo ha abordado desde una perspectiva de Administración de Recursos Humanos incluye también, aportes realizados por otras disciplinas dadas las características de la organización analizada y la propuesta que este proyecto desarrolla. El trabajo que se presenta se ha originado a partir de un estudio diagnóstico llevado a cabo en el Instituto Provincial de la Vivienda de Córdoba. El mismo, que ha sido desarrollado en varias etapas presentadas en el presente trabajo, concluyen en una alternativa de acción, cuyo principal aporte radica en brindar una posible solución a una problemática actual de la institución. Con el fin de brindar una primera aproximación acerca de la finalidad del proyecto, resulta primordial realizar una caracterización de la organización que conforma el objeto de estudio. Los Institutos Provinciales de la Vivienda de Argentina revisten el carácter de entes públicos gubernamentales, cuyo principal objetivo es el de construir, adjudicar y financiar viviendas sociales a personas de escasos recursos radicadas en las provincias. Estas entidades, en su comienzo, fueron formadas por los fondos FO-NA-VI1, administrados por el Gobierno Central. A lo largo de su historia el FO-NA-VI ha mantenido sus objetivos, pero ha variado la forma de financiamiento y funcionamiento. En el año 1972, dos años más tarde de la creación del FO-NA-VI, con la ley 21.581 se estableció un nuevo modo de financiamiento basado en aportes sobre los salarios. Posteriormente, en el año 1995 y por medio de la ley 24.464, dicho Fondo Nacional se descentralizó en cada provincia adoptando un régimen similar al de la coparticipación federal de impuestos: sobre los fondos recaudados a Nivel Nacional se aplica una alícuota porcentual predefinida por el Congreso Nacional que debe ser revisada cada 4 años. Simultáneamente, cuando se produjo la descentralización del sistema a las provincias, cada provincia debía adherir a esa ley nacional con una ley provincial. Con esta adhesión, la provincia debía crear un ente autónomo, denominado “Instituto Provincial de la Vivienda”. Las modificaciones que trajo la ley en materia de recaudación de fondos hizo que se reemplacen los aportes patronales y el de los empleados por un impuesto nacional a los combustibles líquidos (nafta, gas oil, entre otros), el mismo es recaudado por la AFIP y distribuido a las provincias por el Ministerio de Economía de la Nación. Estos fondos, que se encuentran dentro del presupuesto nacional en su origen sumaban $900 millones anuales y, en los casos en los que la recaudación del impuesto resultaba menor a ese monto, el Tesoro Nacional aportaba la diferencia. Sin embargo, en el año 2000 dicho monto se redujo hasta llegar a los $600 millones anuales y, además, el Gobierno Nacional se vio obligado a retirar la garantía del Tesoro Nacional. Cabe aclarar que, estos fondos son de carácter de aplicación específica, por lo que no pueden ser aplicados a otros destinos, como Gasto Público por ejemplo; sino que los nuevos fondos y la recuperación de los ya invertidos deben ser reinvertidos en viviendas. Sobre estos conceptos que emanan de la ley, surge la necesidad de realizar una administración eficiente de tales recursos para cubrir la creciente demanda y déficit habitacional del país; y, de este modo, poder garantizar el derecho constitucional del acceso a una vivienda digna de todo ciudadano argentino. Resulta relevante mencionar que, al momento de descentralizar el sistema de viviendas no fue contemplada la necesidad organizacional de una estructura de Recursos Humanos, tecnología e infraestructura; por lo que estos puntos no fueron cubiertos por las Provincias en forma correcta. Estas Instituciones (los IPV’S) fueron creciendo fuertemente en cantidad de personas y actividad administrativa2 debido a los fondos que recibieron y reciben del Gobierno nacional y la creciente demanda de viviendas sociales. Sin embargo, desde su comienzo, el funcionamiento de estos Organismos, en general, no ha demostrado un nivel de eficiencia suficiente para cumplir con tan complejos objetivos que la ley ordena, dadas las falencias que presentaron al momento de su creación. Este último punto dacomienzo al desarrollo de una propuesta de trabajo cuyo principal objetivo es el de eficientizar el funcionamiento de los IPV’s. Particularmente, el presente proyecto propone una alternativa de gestión enfocada desde la Administración de Recursos Humanos, para la creación del Sector de Cobranzas. Este nuevo Departamento, incluido en la estructura actual del IPV de Córdoba, tendrá como misión aumentar la recaudación de los fondos que han sido invertidos en viviendas y, que hasta el momento, no han sido recuperados. Por medio de este ambicioso proyecto se intenta continuar con el ciclo de inversión para la construcción de nuevas viviendas y, de este modo, cumplir con el fin encomendado a la institución: facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna. Ello, conforme lo previsto en el artículo 14 de la constitución nacional..