Políticas criminales y seguridad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad?

Abstract

El Estado se reserva a través del sistema penal la potestad punitiva de castigar las conductas que encuadra como delito a través de las consecuencias jurídicas que les establece; a su vez, garantiza la seguridad de los ciudadanos velando por el ejercicio de sus derechos; pero cuando éste solo da respuestas a través del aparato represivo con el que cuenta, corre el riesgo que las decisiones adoptadas sean ineficaces e ineficientes; y los últimos años muestran reflejo de ello en los resultados de muchas de nuestras normas que levantando el estandarte del “consenso social” sancionaron violando derechos fundamentales de muchas personas, garantizados constitucionalmente a través de diferentes instrumentos ratificados por Argentina. Surgieron entonces debates y luchas fruto de voces que por un lado exigían la implementación de políticas represivas o “mano dura” (que lo lograron), y otras refutando dichos mecanismos. Así, surge la necesidad de comprender qué factores determinan que un Estado utilice el recrudecimiento de las políticas criminales para combatir la inseguridad. Por ello se plantea el análisis de los factores que influyen en la política criminal argentina en torno a la seguridad y de las consecuencias que generan dichas políticas en los diferentes sectores sociales; y al ser el Sistema Penal modificado en torno a la política criminal en que se enrola un Estado, en un momento histórico dado, se precisa comprenderla, como también a la criminología, sus corrientes, y cómo éstas llevan al Estado (posicionándose en una u otra) a tomar decisiones; sin perjuicio de indagar qué otro tipo de factores pueden influenciar en la adopción de las políticas criminales. Debe avanzarse en pos de un verdadero Estado de Derecho, repercutiendo en las cuestiones prácticas existentes y poco idóneas, tales como: altos presupuestos en la institución policial pero ineficiente prevención del delito; potestades coactivas y discrecionales al personal policial; comisarías y cárceles repletas (en condiciones inadecuadas);etc. Los profesionales del derecho deben investigar las consecuencias que operan las normas en vigencia en el terreno social. Con esta investigación se pretende contribuir a la reformulación de los posicionamientos en torno a las políticas criminales existentes en nuestro país, con un tratamiento conciente y de respeto a los derechos fundamentales del hombre.