Baja en el marco etario de imputabilidad penal

Abstract

En la actualidad, Argentina sufre un grave problema de inseguridad. La sociedad interpreta y vincula inseguridad con menores delincuentes. Un sector de la sociedad considera que una forma de menguar la concurrencia de los menores al delito sería asignándole responsabilidad por sus actos a menor edad, a fin que puedan ser tratados como un adulto en el régimen penal. Desde otro bando se oponen a tal disminución, basándose en normas nacionales e internacionales. Para determinar con rigor científico, cuáles son las posibilidades y los beneficios de ambas posturas, este trabajo hace una revisión desde el derecho, la psicología y la sociología. Prestigiosos psicólogos coinciden en que el desarrollo intelectual de las personas, comienza desde muy temprana edad, produciéndose una aceleración a partir de los seis años, llegando a integrarse en sus aspectos elementales a los doce; a partir de esta edad se refinan sus características intelectuales. Desde la sociología se informa que las circunstancias generales que rodean desde un principio de la vida a la persona influyen decisivamente en su desarrollo; la evolución del individuo tiene entre otras características, la de potencialidad y adaptabilidad. En el análisis también se tiene en cuenta la normativa internacional. Los tratados, declaraciones internacionales, coinciden en reconocer el derecho de protección de que gozan los infantes. Sin embargo, cuando tratan sobre menores en conflicto con la ley penal, fijan normativa que restringe la posibilidad de tratarlos como adultos, pero dejan el tratamiento de los modos y límites de aplicabilidad de las normas al arbitrio criterioso de cada Estado. La normativa nacional relacionada a los menores, ha tenido un desarrollo muy paulatino, no ha logrado dar un adecuado tratamiento a la problemática de la minoridad; sólo se limitó a modificar en parte la legislación de antaño, tratando de adaptarla a los tratados a que se sujeta nuestra constitución. Se deduce de este trabajo, que los menores han evolucionado en su desarrollo intelectual, que sus conductas son en ocasiones muy violentas, y que no existe legislación universal que impida la disminución del límite etario a partir del cual pueda considerar responsable penalmente por sus actos ilícitos.