Tratas de personas. Fallas de la Ley

Abstract

El delito de Trata de Personas configura un hecho tanto específico como autónomo, siendo introducido al Derecho Penal Argentino a través de la Ley 26.364 titulada “ Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”, marcando a partir de su sanción un avance fundamental en materia legislativa. Pese a esto, es probable encontrar múltiples problemas a la hora de su interpretación o aplicación ya que hasta ahora no existe en el medio una respuesta unificada ya sea jurisprudencial o doctrinaria para ello. Este delito, que aparece en la antigüedad, parece que cada vez cobrase más auge ya a medida que pasa el tiempo son más las víctimas que se encuentran sometidas a esta forma de “esclavitud”, que lesiona los derechos más fundamentales e indispensables de la persona, siendo al mismo tiempo la tercera actividad ilegal que otorga más ganancia a los tratadores, luego del tráfico de armas y de drogas; encontrándose presente en todas las sociedades, adquiriendo el carácter de transnacional. Este ilícito obtiene su “materia prima” de los sectores más desamparados, comenzando con el aislamiento de la víctima y continuamente con la extracción de esta de su núcleo familiar y social, trasladándola al destino en donde serán explotadas. Es por ello que resulta indispensable eliminar este flagelo de la comunidad, y pese a encontrar una normativa que intente regular la Trata de Personas, podrá observar, por medio de un análisis profundo de la misma efectuado en el desarrollo del Trabajo, que el sistema posee múltiples fallas como lagunas, que van desde la insignificante pena con la que se sanciona al sujeto activo de dicho ilícito, hasta la escasa protección y garantías que se les brinda a las víctimas. Verá que resulta necesaria la adopción de una verdadera Política de Prevención e Investigación Criminal, dándole participación al Poder Judicial en la persecución del delito, y al mismo tiempo lograr la creación de un órgano, denominado Consejo Federal, que tendrá a su cargo velar por el cumplimiento de los objetivos fijados en la normativa.