La libertad probatoria en casos de violencia de género

Abstract

La violencia de género es una problemática global presente en todos los ámbitos sociales que, por su recurrencia y consecuencias, ha sido abordada por la legislación positiva a los fines de poner a resguardo los derechos constitucionales de los ciudadanos que la sufren, convirtiéndose en unos de los temas más importantes en la agenda de las sociedades modernas. El Estado argentino, por su parte, adhiriendo a las corrientes sociológicas, políticas y doctrinarias vigentes, se enfocó a través de diversas normativas a la protección de la mujer en procura erradicar la violencia y ha otorgado a la justicia herramientas para su abordaje. En el ámbito penal la exigencia de juzgar con perspectiva de género, lejos de ser una moda jurídica, implica una obligación legal, que encuentra su fundamento y respaldo en el derecho a la igualdad y a la no discriminación, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado argentino ha otorgado raigambre constitucional mediante el artículo 75, inciso 22 (art. 16 CN; art. 1, DUDH, y arts. 1.1 y 24, CADH), como así también en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Ese reconocimiento obliga a destacar a aquellas resoluciones jurisdiccionales que revelen un juzgamiento acorde a los estándares exigidos por la ley, así como también los criterios que fijen correctas prácticas de aplicación e interpretación de las normas vigentes y que sirvan como base para casos análogos.

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