Protección de áreas naturales y patrimonio arqueológico:

Abstract

El crecimiento constante de la población y sus distintos asentamientos en ecosistemas costeros y yacimientos arqueológicos han generado en la actualidad un gran impacto ambiental, provocando grandes problemas al equilibrio ecológico y social. Por lo tanto, todo individuo tiene el derecho de vivir en un entorno ambiental saludable que favorezca su desarrollo y bienestar. En este sentido, tanto los ciudadanos como los gobiernos tienen la normativa de salvaguardar el ambiente y cuidar los recursos. El enfoque de este trabajo es analizar la protección de áreas naturales y patrimonios arqueológicos frente al impacto ambiental de proyectos de desarrollo económico, la discrecionalidad con la que otorgan licitaciones a tal efecto y el medio ambiente como un derecho humano fundamental. Partiendo de la premisa de que la protección ambiental no solo está vinculada al bienestar colectivo, sino también a la justicia intergeneracional, es decir, la responsabilidad de los Estados de garantizar un entorno saludable para las generaciones futuras. Asimismo, se analiza el rol de la justicia en garantizar un equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental. A su vez, el principio de precaución, ampliamente reconocido en el derecho ambiental, se ha convertido en una herramienta esencial para la protección de los recursos naturales frente a riesgos desconocidos o incalculables. Según el autor Philippe Sands, el principio de precaución implica que “cuando una actividad plantea amenazas de daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de certeza científica total no debe ser utilizada como razón para posponer la adopción de medidas costo-efectivas para prevenir la degradación ambiental” (Sands, 2012). Este principio es clave para entender cómo los Estados deben actuar frente a situaciones de incertidumbre, priorizando la protección ambiental aun en ausencia de certeza científica absoluta.