El abogado del niño

Abstract

El régimen que ha regulado la minoridad en Argentina desde el siglo diecinueve ha iniciado un proceso de cambio desde la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño al orden interno en el año 1.990. La Convección trajo consigo una nueva concepción de la minoridad llamada doctrina de la protección integral, lo que significó que los menores pasen de ser personas incapaces y objetos de tutela, a convertirse en sujeto de derecho y capaces como regla. Se abandona el criterio que encasilla a los menores en edades determinadas, siendo el parámetro indicador la denominada capacidad progresiva, que tiene en cuenta la madurez y autodeterminación alcanzada, y no una edad pre fijada. La variante vino acompañada en nuestro país con la sanción de la ley nacional 26.061 mostrando que la nueva concepción no se reduce a la sola consideración del menor, sino que además trae consigo la transformación de toda la estructura jurídica que funciona a su alrededor. Ahora el juez debe valorar al niño o adolescente de otra manera. Las funciones de las instituciones clásicas se ven afectadas en su labor ya que se incorpora al esquema procesal la figura del abogado del niño, cuya tarea es proteger los derechos del menor sin sustituir su voluntad, llevando la voz de este ultimo de manera directa al juez, lo cual no sucede con los padres, tutores o el asesor del menor, quienes interpretan los intereses del mismo, acercando al magistrado lo que a criterio personal consideran mejor al niño o adolescente. Lo determinante es saber que a partir de la doctrina de la protección integral, el menor tiene la posibilidad de actuar en el mundo jurídico con total autonomía tal como lo hace un adulto, pudiendo elegir su propio abogado defensor, si reúne el requisito de capacidad progresiva suficiente, no encontrándose limitado al alcance de una edad biológica determinada.