El acceso a la información pública en materia ambiental

Abstract

El acceso a la información pública en nuestro país está contenido en la Constitución Nacional, y más precisamente incorporado a ella por el art. 72 inc. 22 y particularmente en la ley 22.275 y en la ley 25.831 el acceso a la misma es un derecho constitucional que se plasma en estas leyes, una particularidad es que desde muchos sectores se ha reclamado y solicitado esta posibilidad, hasta que en 2016 se dictó la ley 22.275 mencionada. Este derecho, el de acceso a la información pública, también tiene particular incidencia en lo referido a materia ambiental, teniendo en cuenta las posibilidades y alcances que esto pueda tener. La información como medio permite, en lo que materia ambiental se refiere, una nueva proyección en los proyectos que se desarrollen y que tengan impacto en el ambiente, en la toma de decisión que hagan a la conservación y cuidado del mismo y en otro sentido garantiza la transparencia de la acción tanto del que solicita la información como del que la brinda. Siendo estos, solicitante y solicitado personas perfectamente individualizadas, tanto físicas, como jurídicas. En este sentido el rol del Estado es importante ya que actúa como sujeto pasivo, siendo el obligado a proporcionar a través de los mecanismos prescriptos en la ley la información.