El camino judicial del migrante: la búsqueda de la justicia por observar un debido proceso para todo aquel que pise suelo argentino

Abstract

La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Zuluaga Celemín, Claudia Lucía c/ Dirección Nacional de Migraciones s/ recurso directo a juzgado” (2022), vinculada con las garantías procesales de las personas migrantes sometidas a procedimientos de expulsión. El caso se originó cuando la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular la permanencia de una ciudadana colombiana condenada penalmente, dispuso su expulsión y prohibió su reingreso permanente al país. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata anuló posteriormente el acto administrativo por considerar vulnerado su derecho de defensa al no haber recibido asistencia jurídica en la etapa inicial del procedimiento. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica y lingüística, debido a la tensión entre la facultad estatal de controlar la permanencia de extranjeros en el territorio nacional y la garantía constitucional del debido proceso, así como a la interpretación del artículo 86 de la Ley 25.871 respecto de la obligación de informar y proveer asistencia jurídica gratuita. Entre los fundamentos principales, la Corte sostuvo que la norma reconoce el derecho a la asistencia letrada gratuita, pero no impone expresamente a la administración el deber de notificarlo de oficio ni de requerir la intervención automática de la defensa pública. Además, consideró que no se acreditó una afectación concreta al derecho de defensa, dado que la actora contó con patrocinio letrado en las etapas recursivas posteriores. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo reafirma la potestad estatal en materia migratoria, aunque plantea interrogantes sobre el alcance efectivo de las garantías procesales reconocidas a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.