La cobertura de los gastos educativos por parte de las obras sociales en las personas con discapacidad.

Abstract

La protección de las personas con discapacidad implica necesariamente vincular las obligaciones que existen por parte del Estado con los convenios internacionales suscriptos y reconocidos por nuestra Constitución Nacional a los fines de garantizar el goce igualitario de sus derechos y garantías, brindando apoyo a las familias que tienen en su seno una persona con discapacidad para lograr su integración social. Dichas obligaciones por parte del Estado refieren a salud y educación principalmente. Es por ello, que se vinculan directamente a las obras sociales. Si bien las obras sociales se encargan de la cobertura en materia de salud de dichas personas con discapacidad, corresponde analizar si las mismas deben cubrir también las necesidades educativas especiales que pueda tener una persona con necesidades especiales. En tal sentido, se analizará lo indicado por la normativa vigente a nivel internacional, por cuanto ha sentado las bases del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y a nivel nacional. Asimismo, se analizará la doctrina y la jurisprudencia al respecto. Ello, a los fines de analizar si los gastos educativos pueden considerarse dentro de los previstos en la ley 24.901.