El Estado nacional como garante de los derechos fundamentales

Abstract

La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Recurso de hecho deducido por E. M. D. G. en la causa Rivero, Alberto y otro s/ abuso sexual” (2022), vinculada con hechos de abuso sexual sufridos por una mujer privada de libertad en una dependencia de Gendarmería Nacional. El caso se originó cuando la víctima denunció haber sido sometida a reiterados abusos sexuales por parte del jefe de guardia mientras permanecía detenida, con la participación de otra interna que la intimidaba para impedir cualquier resistencia. Los tribunales inferiores absolvieron a los imputados, decisión que fue impugnada por la querella mediante recurso extraordinario. El problema jurídico identificado es de naturaleza probatoria, debido a la valoración parcial y estereotipada de los elementos de prueba y de los testimonios de la víctima, sin considerar adecuadamente el contexto de violencia de género y vulnerabilidad en el que ocurrieron los hechos. Entre los fundamentos principales, la Corte destacó la obligación de juzgar con perspectiva de género conforme a la Convención de Belém do Pará, la Ley 26.485 y las Reglas de Brasilia, señalando que la absolución se sustentó en razonamientos discriminatorios y en una incorrecta apreciación de la prueba. Asimismo, sostuvo que el estado de duda razonable no puede derivarse de apreciaciones subjetivas ni de análisis fragmentarios de los elementos probatorios. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la responsabilidad estatal de garantizar la tutela judicial efectiva de las mujeres en situación de vulnerabilidad y de asegurar que las decisiones judiciales incorporen una verdadera perspectiva de género.