Tutela colectiva en defensa del derecho ambiental sano y equilibrado: solicitud de medida cautelar en protección del entorno natural

Abstract

La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Marisi, Leandro y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional - PEN - Ministerio de Transporte de la Nación y otro s/ incidente de apelación” (2021), vinculada con la habilitación de vuelos comerciales en el aeropuerto de El Palomar. El caso se originó cuando un grupo de vecinos promovió una acción de amparo ambiental solicitando la suspensión de las operaciones aéreas autorizadas por la Resolución 408/2017 del Ministerio de Transporte, argumentando que la actividad había sido habilitada sin la previa realización de los estudios de impacto ambiental exigidos por la Ley General del Ambiente N.° 25.675. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica y de relevancia normativa, debido a la tensión entre el desarrollo de actividades económicas vinculadas al transporte aéreo y la protección del derecho constitucional a un ambiente sano. Entre los fundamentos principales, la Corte sostuvo que los artículos 11 y 12 de la Ley General del Ambiente exigen la realización previa de una evaluación de impacto ambiental y la emisión de una declaración de impacto ambiental por parte de la autoridad competente antes de iniciar actividades susceptibles de afectar significativamente el ambiente. Asimismo, destacó la centralidad de los principios de prevención y precaución en materia ambiental y la obligación judicial de garantizar la tutela efectiva de los bienes colectivos. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante en materia de protección ambiental al reafirmar la prioridad de la prevención del daño ambiental y la necesidad de cumplir estrictamente con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental antes de autorizar actividades potencialmente riesgosas para la comunidad y el entorno natural.