El acceso a la salud y la seguridad social: la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Análisis del fallo “B., R. A. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo ley 16.986” (CSJN, 2024)

Abstract

La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “B., R. A. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo ley 16.986” (2024), vinculada con el acceso a la cobertura de salud de una persona con discapacidad severa beneficiaria de una pensión no contributiva. El caso se originó cuando el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) rechazó la afiliación de la actora como integrante del grupo familiar de su padre afiliado, invocando una resolución administrativa que impedía incorporar a personas que percibieran pensiones no contributivas. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre la aplicación de una norma administrativa orientada a evitar la superposición de beneficios y los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social, la igualdad y la protección especial de las personas con discapacidad. Entre los fundamentos principales, la Corte sostuvo que resultaba irrazonable y desproporcionado obligar a una persona con discapacidad a renunciar a una pensión no contributiva para acceder a cobertura médica, destacando que ambos beneficios poseen finalidades complementarias y no excluyentes. Asimismo, enfatizó la vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el principio de progresividad de los derechos sociales y la obligación estatal de eliminar barreras que restrinjan el acceso a prestaciones esenciales. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la tutela reforzada de las personas con discapacidad y la necesidad de garantizar de manera integral y complementaria el acceso a la salud y a la seguridad social, evitando restricciones administrativas incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos.