La legítima defensa desde una mirada de perspectiva de género, y asociada a una problemática de prueba

Abstract

Este trabajo de investigación examina la intersección entre el marco normativo destinado a proteger a la mujer y la figura de la legítima defensa en el contexto del derecho penal, con énfasis en los efectos de la interseccionalidad (género y discapacidad). Se destaca la influencia de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará, que promovieron leyes como la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El caso analizado involucra a una mujer con retraso mental, condenada por homicidio contra un hombre con quien mantenía una relación de servicio doméstico y, aparentemente, amorosa. La Corte Suprema de Justicia debe evaluar si la violencia de género sufrida por la acusada puede justificar la aplicación de la legítima defensa, considerando la interseccionalidad mujer/discapacidad. La ley 26.485 garantiza la amplitud probatoria para acreditar hechos en contextos de violencia de género. El principal problema jurídico radica en la valoración de la prueba, dada la intersección entre género y discapacidad, lo que requiere un enfoque judicial que tenga en cuenta las circunstancias especiales. El análisis subraya la importancia de aplicar correctamente las leyes de género en casos penales, para evitar vulneraciones de derechos constitucionales.