Agente encubierto y agente revelador en entornos digitales. Investigación criminal versus derechos individuales

Abstract

El presente trabajo aborda el uso de agentes encubiertos y reveladores en entornos digitales, enfocándose en las potenciales afectaciones hacia los derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, la presunción de inocencia y la protección de datos personales. A partir del análisis de la legislación argentina y del derecho comparado, se identifican desafíos y mejores prácticas para equilibrar la necesidad de la investigación criminal con la protección de los derechos individuales. La investigación destaca la importancia del principio de proporcionalidad en la autorización y control de estos agentes, resaltando la necesidad de ineamientos claros y sistemas de control judicial que aseguren que las intervenciones sean adecuadas, necesarias y no excesivas. También, se proponen medidas para mejorar la normativa actual, como la implementación de auditorías independientes, la creación de organismos de control y la intervención de expertos en derechos humanos en la revisión de las intervenciones. Además, se sugiere la adopción de protocolos específicos, con directivas precisas sobre la recolección y manejo de datos personales y establecer marcos regulatorios internacionales para asegurar que las intervenciones cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos. En conclusión, el trabajo resalta que, aunque se trata de herramientas importantes en la persecución del cibercrimen, su utilización debe estar cuidadosamente reglada para evitar la vulneración de los derechos fundamentales.This paper addresses the use of undercover agents and disclosers in digital environments, focusing on the potential effects on fundamental rights such as privacy, freedom of expression, presumption of innocence and protection of personal data. Based on the analysis of Argentine legislation and comparative law, challenges and best practices are identified to balance the need for criminal investigation with the protection of individual rights. The research highlights the importance of the principle of proportionality in the authorization and control of these agents, emphasizing the need for clear guidelines and judicial control mechanisms to ensure that interventions are adequate, necessary and not excessive. Measures are also proposed to improve the current regulations, such as the implementation of independent audits, the creation of control bodies and the intervention of human rights experts in the review of interventions. In addition, it suggests the adoption of specific protocols, with precise guidelines on the collection and handling of personal data and the establishment of international regulatory frameworks to ensure that interventions comply with international human rights standards. In conclusion, the papern emphasizes that, although these are important tools in the prosecution of cybercrime, their use must be carefully regulated to avoid the violation of human rights.