El derecho a ser oído en menores penalmente irresponsables: ¿prerrogativa u obligación?

Abstract

La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “H., A. O. s/ infracción Ley 23.737”, relativa al alcance del derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema penal por su edad. El caso se originó a partir de una investigación por narcotráfico en la provincia de Santa Fe, donde un adolescente de quince años fue hallado en un inmueble en el que se secuestraron estupefacientes y un arma de fuego. Frente a ello, el juez de primera instancia ordenó su convocatoria a prestar declaración indagatoria, medida que fue confirmada por los tribunales superiores bajo el argumento de garantizar el ejercicio de su derecho a ser oído. El problema jurídico central consistió en determinar si la declaración indagatoria, instituto propio del proceso penal aplicable a personas imputables, podía ser utilizada para satisfacer la garantía reconocida en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Corte Suprema concluyó que dicha medida resultaba incompatible con el régimen penal de minoridad y con los estándares internacionales de protección de la infancia, ya que el derecho a ser oído constituye una facultad del menor y no una obligación impuesta coercitivamente. Asimismo, sostuvo que los menores de dieciséis años carecen de calidad para ser imputados penalmente y que corresponde aplicar los mecanismos específicos previstos por la legislación especial. Se concluye que el fallo reafirma la necesidad de garantizar la protección integral de los niños en conflicto con la ley penal, priorizando el interés superior del niño y el respeto efectivo de sus derechos fundamentales.