Acceso a la salud y vulnerabilidad: respuesta judicial ante una omisión

Abstract

El presente trabajo analiza el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, en la causa “G. Roque Antonio en nombre y representación de C.M.R. c/Administración Provincial del Seguro de Salud, Sentencia N.° 156 del 27 de diciembre de 2023. Se trata de una acción de amparo promovida por el curador de una mujer con discapacidad, declarada judicialmente incapaz y sujeta a curatela. La misma fue interpuesta frente a la negativa de APROSS a incorporarla como beneficiaria obligatoria indirecta, a pesar de su situación de extrema dependencia. El Tribunal debió pronunciarse ante un conflicto de alto impacto jurídico y social, vinculado a las barreras estructurales que impiden el ejercicio pleno de derechos fundamentales por parte de colectivos vulnerables. La elección de este caso se fundamenta en su capacidad para evidenciar cómo las deficiencias institucionales y la burocracia administrativa pueden obstaculizar el acceso real a derechos y garantías reconocidas, particularmente cuando se trata de personas en situación de especial protección. La vía judicial resultó indispensable para reclamar prestaciones básicas, lo que expone no solo una afectación individual, sino también fallas profundas en el sistema estatal de protección. Que una persona con discapacidad deba litigar para obtener condiciones de igualdad sustantiva plantea serias dudas sobre la efectividad de los derechos consagrados y la aplicación concreta de las normas que los establecen. En este sentido, el fallo permite examinar las tensiones entre el marco normativo vigente, los principios de derechos humanos y las prácticas administrativas que, en ocasiones, operan en sentido contario.