Prioridad provincial en la tutela del Medio Ambiente

Abstract

La sobreexplotación económica de recursos naturales amenaza a la humanidad. Por ello, a nivel mundial, se intenta revertir sus efectos mediante protocolos de protección ambiental. Muchos países llevaron esta protección a nivel constitucional. El nuestro, de organización federal, contaba con una estructura de competencias legislativas exclusivas y bien delimitadas a nivel nacional quedando las restantes en competencia provincial, situación que acarreaba problemas para abordar la materia ambiental. Entonces, si la legislación proteccionista se abordaba como competencia exclusiva de la Nación, la diversidad de ecosistemas del territorio generaría que una ley general pudiera ser eficaz en determinada región e ineficaz en otra. Por otro lado, si dicha competencia se arrogaba a las provincias, la división de tantas autonomías provinciales podía generar problemáticas en los niveles de resguardo general. En la reforma constitucional del año 1994, se introdujo el resguardo ambiental mediante un sistema de competencias concurrentes complementarias, donde la Nación -con competencia exclusiva para dictar leyes de presupuestos mínimos-, da la guarda mínima del medioambiente y las provincias -con capacidad para complementar dichas leyes- dependiendo de su particularidad regional, pueden mejorar el cuidado pero nunca disminuirlo. Es por ello que estando también establecido a nivel constitucional el orden de prelación de las leyes nacionales con respecto a las provinciales, en materia ambiental, las nuevas leyes complementarias provinciales sobrepasan la primacía de la legislación nacional en pos de una tutela más efectiva al bien jurídico protegido, siempre y cuando dicha tutela sea mayor que la que otorga la Nación.