“La protección del derecho a un ambiente sano frente a la actividad empresarial en el marco de los DESCA”.

Abstract

El presente manuscrito científico aborda la protección del derecho a un ambiente sano frente a la actividad empresarial en el marco de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). A través de un enfoque cualitativo y jurídico, se analizan el marco normativo vigente en Argentina, los instrumentos internacionales aplicables, y la jurisprudencia relevante que establece obligaciones tanto para el Estado como para las empresas. Los resultados evidencian una brecha significativa entre el reconocimiento normativo del derecho al ambiente sano y su implementación efectiva, especialmente ante prácticas empresariales que afectan negativamente los bienes naturales y los derechos de las comunidades vulnerables. Se observa una limitada capacidad estatal para fiscalizar, prevenir y sancionar el daño ambiental, junto con obstáculos estructurales para el acceso a la justicia ambiental. A su vez, se destaca el rol fundamental de la ciudadanía, las organizaciones sociales y el Acuerdo de Escazú como herramientas para fortalecer la participación pública y el control social. Finalmente, se proponen recomendaciones orientadas a la mejora institucional, el acceso efectivo a la justicia ambiental y la necesidad de repensar el modelo de desarrollo vigente. Este trabajo se inscribe dentro del campo de los estudios jurídicos con enfoque en derechos humanos, proponiendo una mirada integral, crítica y comprometida con la construcción de una justicia ambiental estructural.

This scientific manuscript addresses the protection of the right to a healthy environment in the face of business activities, within the framework of Economic, Social, Cultural and Environmental Rights (ESCER). Through a qualitative and legal approach, the study analyzes Argentina's current legal framework, relevant international instruments, and jurisprudence that establish obligations for both the State and private companies. The findings reveal a significant gap between the formal recognition of the right to a healthy environment and its actual enforcement, particularly in the context of harmful corporate practices. The research identifies limited state capacity to supervise, prevent and sanction environmental harm, as well as structural barriers to environmental justice. The key role of civil society, grassroots organizations and the Escazú Agreement is also emphasized as a means to strengthen public participation and social oversight. Finally, recommendations are made to improve institutional mechanisms, guarantee access to justice, and promote a development model based on environmental sustainability and human rights. This work belongs to the field of legal studies with a human rights perspective, offering a critical, comprehensive and committed vision aimed at achieving structural environmental justice.