Nulidad de actos jurídicos que requieren de encuadres normativos vinculados a la perspectiva de vulnerabilidad

Abstract

La protección y resguardo de los derechos de las personas vulnerables se convirtió en un verdadero estándar de justicia para el país. Mucho de ello tiene que ver con la labor desplegada por la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana del año 2008, en donde tuvo origen la redacción de los términos de las denominadas 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. El citado documento se convirtió en materia esencial al momento de juzgamiento de causas en las cuales intervienen sujetos reconocidos como vulnerables: adultos mayores, menores, incapaces, etc. Puntualmente, sobre los sectores sociales pertenecientes a la tercera edad, la norma explica que su pertenencia a este grupo de necesaria protección se relaciona directamente con el factor “edad”, y consecuentemente con la posibilidad de que estos colectivos encuentren especiales dificultades (asociadas a sus capacidades funcionales) para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia. Cabe señalar que el concepto de vulnerabilidad refiere “a la condición de desventaja en que se encuentra un sujeto, comunidad o sistema ante una amenaza y a la falta de recursos necesarios para superar el daño causado por una contingencia” (Osorio Pérez, 2017, p. 3). Estas nociones permiten asimilar de modo contundente la real dimensión que adquiere el resguardo y protección del ejercicio de los derechos en cuanto a este segmento etario, que evidencia un elevado nivel de exposición a ser herido.