El Estado argentino y su rol de garante para con los derechos de grupos vulnerables

Abstract

La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Merola, Pablo Alejandro – Fiscal General del Departamento Judicial de Mercedes s/ recurso de queja en causa n.° 62-40188 seguida a C., A. R.”, vinculada con hechos de amenazas agravadas con arma de fuego cometidos en un contexto de violencia de género. El caso se originó cuando el imputado amenazó de muerte a su expareja y a la hija de ambos durante una situación de violencia familiar, siendo posteriormente condenado en primera instancia y absuelto por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes. El problema jurídico identificado es de naturaleza probatoria, debido a la valoración parcial y fragmentaria de la prueba realizada por el tribunal revisor, que omitió ponderar adecuadamente el contexto de violencia de género, los testimonios de la víctima y de la niña, así como los informes psicológicos y sociales producidos en la causa. Entre los fundamentos principales, la Suprema Corte sostuvo que la absolución resultó arbitraria por apartarse de las reglas de la sana crítica racional y por desconocer la obligación de juzgar con perspectiva de género conforme a la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485. Asimismo, destacó la necesidad de evitar la revictimización de niñas y mujeres en procesos judiciales y de valorar integralmente todos los elementos probatorios disponibles. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar el deber del Estado argentino de garantizar una tutela judicial efectiva de los grupos vulnerables y de aplicar una perspectiva de género real en la valoración de la prueba.