La confiscatoriedad al derecho de propiedad bajo el amparo del principio pro natura

Abstract

El derecho a la propiedad históricamente ha sido de tinte individualista, vinculado al libre desarrollo del propietario y reconocido desde la Constitución del año 1853 como un derecho absoluto; este con el tiempo fue mutando hacia una dimensión más social, especialmente a partir de la reforma de 1949, que introdujo la función social de la propiedad, vinculado al bien común, desarrollo económico y social del país. Es por ello por lo que no debe entenderse este derecho solo por su valor patrimonial, ya que cumple además una función social y económica fundamental, la cual permite a las personas tener acceso a recursos, planificar su futuro y transmitir bienes a sus descendientes (Basterra, 2003). Es importante destacar que, en nuestra Constitución, el derecho de propiedad no hace alusión exclusivamente a un bien inmueble, sino que todo aquello que es susceptible de ser valorado económicamente cae en un derecho patrimonial, rotulado como derecho de propiedad (Bidart Campos, s.f.). De este modo, y comprendiendo el alcance y la visión actual que involucra el derecho de propiedad, es que en el presente fallo pasaremos a analizar hasta qué punto el Estado puede intervenir en la propiedad privada con el fin de cuidar el medio ambiente, sin afectar la libre disposición a una persona de forma encubierta. En nuestro caso, “Mercau, María del Rosario y otro c/ Municipalidad de Merlo s/ acción contencioso administrativa”, con sentencia del 20 de febrero de 2024, dos propietarios de un predio urbano de 261 hectáreas se ven afectados por una normativa de la Municipalidad de Villa de Merlo, cuando 190 hectáreas de ese predio son declaradas “Reserva natural protegida”, clasificación que implica una limitación absoluta sobre el uso económico del inmueble, prohibiendo de este modo la posibilidad de lotearlo y ejecutar obras edilicias.