Derecho ambiental, competencia y control de complementariedad

Abstract

El 21 de septiembre de 1999, a los tres años de edad, Nahuel Lorenzo fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, enfermedad que dos años después provocaría su muerte; esto ocurrió en Villa del Carmen (Pilar), en la provincia de Buenos Aires. Ante la falta de antecedentes familiares, sus padres, Mabel Bastías y Guillermo Lorenzo, realizaron una investigación en la zona y detectaron que, en un radio de 100 metros alrededor de un transformador de media tensión, al menos 40 personas, en su mayoría niños, también padecían cáncer. A su vez, las empresas distribuidoras de energía eléctrica utilizaban los bifenilos o difenilos policlorados —PCBs, por su sigla en inglés— para mejorar los fluidos refrigerantes de dichos transformadores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a los PCBs como sustancias peligrosas y los clasifica como "contaminantes orgánicos persistentes" debido a los riesgos que representan para la salud pública, por tratarse de un "cancerígeno humano probable". En esa misma línea, en mayo de 2001, en el plano internacional, se firmó el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), y todos los países del mundo —incluida la Argentina— decidieron eliminarlos antes del 2025. Posteriormente, en nuestro país, la Secretaría de Política Ambiental (SPA) de la Provincia de Buenos Aires dictó las Resoluciones N.º 1118/02, N.º 618/03 y N.º 964/03, sobre el uso de los PCBs. Luego, el Congreso Nacional sancionó la Ley N.º 25.670 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental (PMPA) en relación con los PCBs.