Acceso Efectivo al Derecho a la Salud de las Personas con Discapacidad

Abstract

El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, consagrado en tratados internacionales con jerarquía constitucional (Constitución Nacional, 1994, art. 75 inc. 22). A nivel provincial, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos también lo consagra como tal y establece la obligación estatal de garantizar a las personas con discapacidad la igualdad real de oportunidades y la atención integral de la salud orientada a la prevención y rehabilitación (2008, arts. 19 y 21). Sin embargo, en la práctica, esto no siempre se garantiza de forma efectiva, lo que conduce a que muchas personas con discapacidad deban recurrir a la justicia para acceder a prestaciones médicas urgentes o esenciales para su salud y calidad de vida. En este marco, el fallo “Cáceres” surge a raíz de una acción de amparo de salud promovida por Mario Luis Cáceres, quien padece una discapacidad, contra el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER). La demanda se originó ante la negativa de la obra social a brindar cobertura integral para la realización de un estudio médico indicado con carácter urgente, que tenía por objeto determinar si el afiliado padecía o no cáncer de próstata. Este caso adquiere especial relevancia jurídica ya que reflejó una postura judicial comprometida con la protección del derecho a la salud por parte de la mayoría del tribunal interviniente, quienes reconocieron la especial situación de vulnerabilidad, por ser éste una persona adulta mayor con discapacidad. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido en numerosos precedentes que el envejecimiento y la discapacidad son “causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad”, ya que normalmente obligan a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia, calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales (“Garay c/ ANSES”, CSJN, 2021; “García c/ AFIP”, CSJN, 2019).