Vulnerabilidad, refugio y expulsión: límites legales a la potestad estatal en el contexto migratorio

Abstract

El caso “L., C. c/E.N. - M. Interior O.P. y V. - DNM s/recurso directo DNM”, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre de 2024, plantea un delicado conflicto entre las atribuciones del Estado nacional en materia de control migratorio y los derechos fundamentales de las personas reconocidas como refugiadas. El actor, de nacionalidad sierraleonesa, había sido beneficiario del estatuto de refugiado desde el año 2003, en razón de su situación de persecución en su país de origen. No obstante, a partir de una serie de antecedentes penales en territorio argentino, la Dirección Nacional de Migraciones resolvió su expulsión, prohibiendo además su reingreso por el término de ocho años. La cuestión jurídica que se presenta es si esta expulsión resulta válida a la luz del principio de no devolución y del marco normativo que protege a los refugiados en el orden jurídico argentino. Desde una perspectiva jurídica, el problema central puede formularse en los siguientes términos: ¿puede el Estado disponer la expulsión de una persona reconocida como refugiada, pese a mantener vigente tal condición, en base a la legislación migratoria interna y sin coordinar su actuación con el régimen especial de protección de refugiados? Este interrogante remite al análisis de la relación entre el principio de no devolución consagrado por la Convención de Ginebra de 1951 y la legislación nacional, en particular las leyes 25.871 y 26.165, y plantea la tensión entre la soberanía estatal en materia migratoria y las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos.