El derecho a gozar de un ambiente sano y su caracterización como un derecho de incidencia colectiva

Abstract

El presente trabajo analiza el fallo “Establecimientos Agropecuarios Santa Susana S.A. c/ Municipalidad de Campana s/ materia a categorizar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El caso se origina a partir de una ordenanza municipal que restringió la utilización de agroquímicos y plaguicidas en zonas cercanas a núcleos poblacionales con la finalidad de proteger la salud pública y el ambiente. El problema jurídico central consiste en determinar la prevalencia entre el derecho individual a ejercer una industria lícita y el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, consagrado constitucionalmente. El tribunal examinó la naturaleza de los derechos de incidencia colectiva, el rol activo del juez en materia ambiental y la aplicación del principio precautorio ante la ausencia de certeza científica respecto de los efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente. En este marco, concluyó que la protección ambiental constituye un interés superior que justifica la adopción de medidas preventivas orientadas a evitar daños potencialmente graves o irreversibles. Asimismo, confirmó la facultad judicial de actuar de oficio para garantizar la tutela efectiva de los bienes colectivos. Se concluye que el fallo reafirma la primacía de la protección ambiental frente a intereses individuales cuando existe riesgo para la salud pública, consolidando el alcance constitucional del derecho a un ambiente sano y fortaleciendo la aplicación del principio precautorio en el derecho argentino.