Acceso a Cobertura de Salud para Persona con Discapacidad

Abstract

Al analizar el caso B., R. A. contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en el fallo uno de los principios argumentados es el de inconstitucionalidad; es por ello que se analizaron los artículos que determinan los derechos a la salud plasmados en la Constitución Nacional. Tanzi (2018), en su análisis denominado “El derecho a la salud: su desarrollo a la luz de la Constitución Nacional y los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostiene que el reconocimiento del derecho a la salud en términos normativos se encuentra establecido en tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica—. Este derecho está consagrado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, así como en el artículo 12, inciso c del mencionado pacto internacional, y en los artículos 4 y 5 de la Convención sobre Derechos Humanos. Según el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se garantiza no solo la salud personal, sino también la salud de la comunidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que siempre que se evidencie de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una limitación a los derechos fundamentales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se produciría al someter la cuestión a los procesos habituales, ya sean administrativos o judiciales, los jueces deben restablecer de forma inmediata el derecho restringido a través del recurso de amparo (Tanzi, 2018).