“El derecho penal juvenil y la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes: límites a la pena privativa de la libertad”

Abstract

La normativa penal juvenil en Argentina se encuentra regulada por la Ley 22.278, que en su artículo 4 permite aplicar penas privativas de libertad a jóvenes desde los 16 años, siempre que se cumplan determinadas condiciones. No obstante, este régimen convive con otras disposiciones de jerarquía superior o complementaria, como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Ley 26.061, que establecen obligaciones estatales específicas de protección reforzada hacia niños, niñas y adolescentes, enfatizando la necesidad de priorizar estrategias socioeducativas en lugar de sanciones de tipo represivo. La coexistencia de estos marcos normativos revela una tensión entre la norma penal vigente y los principios rectores del sistema de protección integral, tales como la mínima intervención, la proporcionalidad de la respuesta estatal y la reintegración social del adolescente, lo que constituye el eje del presente análisis. En el fallo “V., M. S. s/ recurso de casación”, resuelto por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional el 16 de octubre de 2024, el tribunal decidió revocar en forma parcial la condena impuesta a un joven, al considerar que dicha sanción resultaba excesiva y desproporcionada, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad estructural. La resolución judicial destaca la necesidad de compatibilizar el derecho penal juvenil argentino con los compromisos asumidos en materia de derechos humanos a nivel internacional, evidenciando la búsqueda de un equilibrio entre las normas internas y los estándares protectores consagrados por el sistema universal de derechos del niño.