La antijuridicidad de las tasas de publicidad interior y la competencia federal

Abstract

Desde los primeros años de este siglo, algunos municipios argentinos intentan gravar la publicidad que se exhibe en puntos de venta, tales como supermercados y almacenes. Además, reclaman este tributo solamente al titular de la marca, quien normalmente no reside en el municipio, y evitan cobrárselo al comerciante local quien es en realidad quien coloca los posters y avisos. Los empresarios nacionales consideran que estamos frente a una clara discriminación y una extensión ilegal de los cánones que se pagan por el uso del espacio público en los casos de publicidad en la vía pública. Sin embargo, los jueces provinciales declaran la validez de las tasas de publicidad interior. Los Tribunales Federales, vistos como más imparciales, no tendrían competencia si el caso se basara en una aplicación discriminatoria de la ley, debido a la doctrina “La Martona”, la garantía de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) sólo cubre las discriminaciones que surjan directamente de la letra de la norma y no las que deriven de su aplicación arbitraria. El propósito de este trabajo es analizar en detalle la naturaleza de los cargos municipales por publicidad interior, demostrar su antijuricidad y dar una solución desde el Derecho que garantice, a pesar de las restricciones, el acceso a la Justicia federal para que los declare inválidos. Los conceptos que se estudian como posibles soluciones incluyen a la red de tratados firmados por la República Argentina para evitar la doble imposición; la teoría de la presunción de inconstitucionalidad, que abarca las categorías sospechosas como así también los pagos por deuda ajena; el principio de razonabilidad de las leyes; y, por último la responsabilidad por daños que les cabe a los funcionarios públicos que cumplen sus funciones de una manera irregular con base en el art. 1112 del Código Civil.