La concesión de la prisión domiciliaria a la luz del interés superior del niño y su conjugación con la interseccionalidad

Abstract

La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en la causa “Incidente de prisión domiciliaria peticionado por el señor asesor letrado de segundo turno a favor de C. Y. O. - Recurso de Casación” (2022), vinculada con el otorgamiento de la prisión domiciliaria a una mujer condenada por comercialización de estupefacientes y madre de una niña de tres años en situación de vulnerabilidad. El caso se originó cuando la defensa solicitó la aplicación del beneficio previsto en el artículo 32 inciso f de la Ley 24.660, petición que fue rechazada en primera instancia al considerarse que la menor se encontraba bajo el cuidado de familiares. El problema jurídico identificado es de naturaleza normativa, debido a la controversia respecto de la aplicabilidad de las normas penales que justificaban el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad frente a las disposiciones que habilitan la prisión domiciliaria para madres de niños menores de cinco años. Entre los fundamentos principales, el Tribunal destacó la especial situación de vulnerabilidad de la niña, la necesidad de preservar el vínculo materno-filial, el principio del interés superior del niño y la perspectiva de interseccionalidad derivada de las múltiples condiciones de vulnerabilidad presentes en el caso, tales como pobreza, violencia de género, exclusión social y privación de libertad. Asimismo, sostuvo que la prisión domiciliaria constituye una modalidad de ejecución de la pena compatible con el cumplimiento de los fines de la condena y con la protección efectiva de los derechos de la infancia. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar que el interés superior del niño debe prevalecer en aquellos supuestos donde la privación de libertad de los progenitores genera un impacto directo sobre niños y niñas en situación de vulnerabilidad, favoreciendo respuestas judiciales que compatibilicen las exigencias del sistema penal con la protección integral de los derechos humanos.