Vivienda digna y competencia legislativa: el alcance del federalismo en disputa

Abstract

Dentro de los llamados derechos sociales podemos determinar que el derecho a la vivienda es uno de ellos. La interpretación del régimen de protección de la vivienda, dada su consagración tanto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (Const., 1994, art. 14 bis) como en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, debe realizarse colocando en el centro el interés del grupo familiar de contar con un hogar digno. Esta garantía resulta esencial para el desarrollo de la familia, considerada la unidad básica de toda sociedad jurídicamente estructurada (Zavala, 2019). En esta nota a fallo se realizará un análisis de la sentencia de autos “Raskovsky, Luis Ernesto c/ Perrone, Gabriela Alejandra s/ ejecutivo” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, SP 348:1, 2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —CSJN—. La cuestión de fondo giró en torno al conflicto entre el derecho a la vivienda y la potestad del Congreso Nacional para legislar en materia civil. Específicamente, se trató de determinar si una provincia puede dictar normas que protejan una vivienda única frente a embargos y ejecuciones, como lo hacía la ley 14.432 (Ley 14.432, 2012) de Buenos Aires, sin requerir su inscripción previa. En ese sentido, la CSJN entendió que la norma provincial avanzaba sobre competencias delegadas a la Nación.