Abstract
El primero de agosto del año 2015, entró en vigor un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,
presentando un neto corte activista que fue cobrando fuerza a lo largo de los años transcurridos. El desafío es analizar una de sus notas, a mi
criterio más distintivas, que ha sido la incorporación de diversos institutos jurídicos procesales que han
nacido al amparo de la doctrina activista y consecuentemente con ello, la circunstancia de haberse
otorgado a los jueces un abanico de facultades que les permitiera poner en práctica la mentada
flexibilización procesal en sintonía con los nuevos paradigmas en la materia.
En particular, me ocuparé de una de las manifestaciones más claras de esta tendencia, cual es la
recepción expresa de la teoría de la carga dinámica de la prueba, que implica justamente un
desplazamiento de las reglas clásicas en materia probatoria