Aplicación de los criterios de protección del comercio interprovincial y principio de razonabilidad en la declaración de inconstitucionalidad de una norma ambiental municipal

Abstract

El fallo analizado presenta una contradicción normativa en tanto representa un planteo de inconstitucionalidad. La Ordenanza Municipal 299/2010, que dio lugar a la demanda, se fundamentó en el poder de policía municipal para proteger la salud pública y el medio ambiente, ante un probable daño ambiental provocado por las radiaciones no ionizantes emitidas por las antenas de telefonía móvil. El Máximo Tribunal debió decidir si la interferencia de la Ordenanza se encontraba amparada constitucionalmente –por ser consecuencia del legítimo ejercicio del poder de policía municipal- o si, por el contrario implicaba una intromisión en aspectos regulatorios propios de la competencia de las autoridades federales y, por lo tanto, debía ser declarada inconstitucional.

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