Adicciones y Vulnerabilidad Social: herramientas legales y el rol institucional en Córdoba

Abstract

El presente trabajo aborda el análisis de las herramientas jurídicas e institucionales disponibles en la provincia de Córdoba para garantizar los derechos de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que atraviesan consumos problemáticos, con especial atención a los supuestos de internación involuntaria. El objetivo principal fue identificar los mecanismos normativos, jurisprudenciales y operativos aplicables en el contexto local, evaluando su adecuación al paradigma de derechos humanos. Se empleó un enfoque cualitativo, con diseño exploratorio-descriptivo, basado en el análisis documental de normas, doctrina y fallos judiciales relevantes. Los resultados evidenciaron una brecha entre el marco legal vigente y su aplicación práctica, marcada por la persistencia del modelo de encierro, la falta de dispositivos comunitarios y la intervención tardía o meramente formal de la defensa pública. Se concluye que la normativa vigente, aunque adecuada en sus enunciados, presenta serias dificultades de implementación, especialmente ante la ausencia de dispositivos comunitarios y la persistencia de una lógica de encierro como respuesta predominante. Esta distancia entre el derecho y su aplicación limita el acceso efectivo a garantías básicas y refuerza mecanismos de exclusión para las personas con consumo problemático en contextos de vulnerabilidad.This paper analyzes the legal and institutional tools available in the province of Córdoba to guarantee the rights of socioeconomically vulnerable individuals who experience problematic substance use, with a particular focus on involuntary hospitalization. The main objective was to identify the normative, jurisprudential, and institutional mechanisms applicable in the local context, assessing their alignment with the human rights paradigm. A qualitative approach was adopted, using an exploratory‑descriptive design based on the documentary analysis of laws, scholarly literature, and relevant judicial decisions. The findings reveal a gap between the existing legal framework and its practical implementation, characterized by the persistence of confinement‑based responses, the lack of community‑based services, and the late or merely formal intervention of public defenders. It is concluded that, although the legal norms formally recognize fundamental guarantees, serious challenges remain regarding their effective application. In particular, the absence of adequate support mechanisms and coordinated intersectoral responses limits access to rights and reproduces exclusionary dynamics for individuals with problematic substance use in vulnerable contexts.