La constitucionalidad de la ley de glaciares

Abstract

Argentina es un país que cuenta con una gran variedad de recursos naturales renovables y no renovables que necesitan de una protección integral. En el año 1994 tiene lugar la reforma de La Constitución Nacional a través de la cual se produce un cambio muy importante en nuestro ordenamiento jurídico al incorporar el Derecho Ambiental. El Derecho Ambiental es un bloque normativo destinado al cuidado y protección de los recursos naturales y a promover el desarrollo sustentable. El Informe de Brundtland es donde comienza a utilizarse el concepto de desarrollo sustentable entendido como el uso eficiente de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la población sin comprometer ni afectar el desarrollo ni las necesidades de las generaciones futuras. A partir del dictado de la Ley 26639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial Argentina se convierte en el primer país del mundo en tener una legislación que proteja a los glaciares. Los glaciares son una reserva de agua dulce muy importante de allí la necesidad de una legislación destinada a su protección y preservación. Frente al dictado de esta ley surgieron muchos sectores que se oponían a la misma, sobre todo las provincias que se dedican a la explotación minera aduciendo que son ellas las que deben decidir cómo deben proteger y explotar los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. Desconociendo que es el Estado Nacional el que tiene el deber de otorgar la igualdad de oportunidades a toda la población y esto se logra a través del dominio público de los recursos naturales para poder llegar al fin más importante que tiene todo estado que es propender al bien común. En la actualidad es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá expedirse sobre los conflictos entre los Estados provinciales y el Estado Nacional en cuanto a la constitucionalidad de la ley de glaciares.