Naturaleza jurídica de las medidas protectorias enunciadas en el Art. 21 de la Ley de Violencia Familiar. Ley N° 9283 de la provincia de Córdoba

Abstract

La violencia familiar, desde antiguo, ha afectado a las sociedades, como una de las manifestaciones de la violencia en general. Es una conducta humana consistente en una acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito de su grupo familiar. Aquí, el concepto de grupo familiar es entendido de manera amplia, superando la clásica concepción de familia y parentesco. La problemática de la violencia familiar, acogida legislativamente en la provincia de Córdoba mediante la ley 9283 en el año 2006, escapa a los encasillamientos estancos de las ramas del derecho, tales como el derecho civil y el derecho de familia, constituyéndose en una problemática social tutelada por la ley y considerada desde la integralidad del derecho, tanto en el abordaje mismo como en los operadores jurídicos intervinientes. Esto es así al punto que, desde el dictado del mencionado cuerpo legal se ha ido avanzando en su tratamiento, llegando a la creación de un fuero especializado en la temática. Como se mencionó precedentemente, la violencia familiar, en la provincia de Córdoba, se encuentra regulada por la ley 9283 del año 2006. Este cuerpo normativo contiene disposiciones referidas al objeto de la ley y los bienes jurídicos tutelados. Brinda definiciones acerca de qué se entiende por violencia familiar, tipos de violencia y grupo familiar; y detalla el procedimiento judicial a seguirse a partir de la formulación de la correspondiente denuncia. Respecto a esto último, establece la gratuidad del procedimiento y se le asigna el carácter de abreviado. En su artículo 21 se detallan las medidas que el juez podrá adoptar, nominándolas como medidas cautelares. Entre dichas medidas, resaltan la exclusión del hogar del agresor y las medidas de restricción de acercamiento y prohibición de comunicación respecto de la persona afectada.